Panamá y el asilo político

Leyendo el periódico me entero que Panamá concedió asilo a 19 cubanos indocumentados detenidos en Bahamas, siendo víctimas de torturas y atropellos. Y lo esperaba porque mi país tiene una larga trayectoria histórica de proteger a perseguidos políticos y a personas que se encuentran en peligro.

Esta tradición se refleja según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En Panamá hay 1,299 personas registradas como refugiados,  537 solicitantes de asilo y 15,000 en una situación similar a la de refugiado. 

Actualmente, de 30 a 40 cubanos entran a Panamá de forma ilegal, diariamente, por la frontera entre Darién y Colombia. Aunque el destino de estas personas no es Panamá, sino los Estados Unidos, esta situación afecta a Panamá porque genera gastos y costos de seguridad. Es muy delicado devolver a estas personas a Cuba. Se les deja libres y solo se les controla por citación hasta que resuelvan su estatus migratorio.
En la década del 80, cuando ningún país de América abría las puertas a los cubanos de la isla, durante el gobierno de Noriega se gestionó la salida de ellos y se les permitió trabajar, se les dio asistencia médica y protección.

Actualmente, el gobierno panameño busca ampliar esta tradición de acogida en una ley de regularización, otorgando al refugiado político la posibilidad de obtener la residencia permanente. Considero que es un gesto noble y humanitario, de libertad de expresión, religión y democrático, regular su estatus y que puedan valerse por sí mismos, obteniendo trabajo para pagar sus impuestos, siendo personas productivas para sí mismas y para el país.

Elsa I. Pardo

Miami