JOSÉ AZEL
Publicado 10/17/12 en el Nuevo Herald
El comentario del candidato presidencial Mitt Romney de que es casi seguro que el 47 por ciento de los estadounidenses voten automáticamente por el presidente Barack Obama, ya que dependen del gobierno y no pagan impuestos, no fue, en sus palabras, “elegante”. No obstante la frase caricaturesca, es axiomático que la naturaleza misma de un gobierno crea dos clases asimétricas e inherentemente en conflicto: los contribuyentes de impuestos y los consumidores de impuestos.
Una justificación para cobrar impuestos es la provisión de “bienes públicos”, que se define en economía como bienes no excluibles en el que todos se benefician, independientemente de su grado de contribución al financiamiento de tales bienes. Los bienes públicos también se suministran conjuntamente, lo que significa que el consumo de una persona no limita “el bien” que está disponible para los demás. La defensa nacional y la seguridad pública son ejemplos de verdaderos bienes públicos. Desafortunadamente, la mayoría de los gastos gubernamentales no se ajustan a esta definición de bienes públicos.
Intentando comprender la dinámica social del financiamiento de los bienes públicos, los economistas han desarrollado experimentos interactivos como el “Juego de bienes públicos” que ha sido extensamente jugado-actuado mundialmente. En el juego de bienes públicos, los participantes secretamente eligen cuántas de sus fichas (unidades monetarias) quieren contribuir a un fondo público en cada una de una serie de rondas interactivas de juego. En cada ronda, un jugador puede contribuir fichas al fondo público o guardárselas. Cada jugador se queda con las fichas que no contribuye y las fichas en el fondo público se reparten uniformemente entre todos los jugadores.
El resultado típico es una proporción cada vez menor de contribución al fondo público en cada ronda. En la primera ronda muchos contribuyen desinteresadamente cerca de la mitad de sus fichas al fondo público. En las rondas siguientes, los contribuyentes, al ver que hay quienes no contribuyen (llamados “desertores” en el léxico de la teoría de juegos), disminuyen sus contribuciones. En rondas posteriores cerca del 80 por ciento de los jugadores se convierten en “desertores” y la cantidad aportada al fondo público se reduce considerablemente.
Aquellos que deciden no contribuir en la primera ronda rara vez cambian de opinión, y continúan sin contribuir en las rondas posteriores. Por otro lado, la mayoría de los que comenzaron aportando parte de su riqueza desertan, y no continúan colaborando cuando ven a los no-contribuyentes aprovechándose del fondo público.
En Estados Unidos, en la ronda actual del juego real de bienes públicos, casi la mitad de los contribuyentes se han vuelto desertores, que no pagan impuestos sobre sus ingresos. Según lo anticipado por el juego, los que contribuyeron condicionalmente al fondo público son cada vez más reacios a llevar una carga desproporcionadamente alta de los gastos de los bienes públicos.
En las condiciones ahora vigentes algunos individuos, como votantes, demandan más servicios públicos que los que ellos estarían dispuestos a pagar directamente como individuos. Para los votantes que no pagan impuestos, exhortaciones sobre la necesidad de reducir gastos e impuestos, no resultan particularmente convincentes. La estridencia o elocuencia con la que algunas personas exigen mayores contribuciones fiscales de otros no es una medida de su propia benevolencia.
Existen sólo dos maneras de organizar la actividad económica de una sociedad; los intercambios voluntarios representados por las actividades de libre mercado, o la acción coercitiva de los gobiernos. Si los intercambios voluntarios y legítimos son preferibles a la interacción forzada, ¿qué fundamentos filosóficos existen para rectificar coercitivamente resultados producto de intercambios voluntarios y legítimos?
Si bajo la lógica de algún algoritmo de la felicidad, ciertos bienes han de ser garantizados a algunos individuos, entonces otras personas tienen que ser obligadas a pagar por esos bienes. Este concepto filosófico de derechos es intrínsecamente discriminatorio ya que requiere que el Estado trate a las personas de manera diferente. Cuando el Estado apropia bienes asume también el papel de distribuidor de bienes, y por lo tanto se crea un proceso que debilita la sociedad civil transfiriendo poderes del individuo al Estado.
Debilitar las iniciativas individuales es un camino socioeconómico peligroso en el razonamiento randiano que los individuos son “los únicos creadores de todas los mañanas que la humanidad ha concedido”.
Investigador del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, y autor del libro Mañana in Cuba.
jazel@miami.edu
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